“FEFE considera que las subastas de medicamentos que propone la AIReF no son eficientes porque no se consiguen los ahorros que se suponen y perjudican seriamente al paciente. Como lo hemos comprobado con experiencias anteriores, afirmó hoy Luis de Palacio, presidente de la federación de empresarios farmacéuticos españoles (FEFE).
Las subastas perjudican a los pacientes doblemente porque 1. Provocan falta de suministro y 2. Dificultan el correcto cumplimiento de la toma de medicamentos por el paciente (adherencia), por los cambios de los envases que se producen con las subastas.
Luis de Palacio señaló que nunca todas las organizaciones del sector se han puesto de acuerdo tan unánime ante una materia tan sensible que puede afectar al sistema y a los pacientes. Consejo general de Colegios de Farmacéuticos; Farmaindustria; La Asociación Española de Medicamentos Genéricos; Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS).
“Suscribimos lo dicho a este respecto por el consejo general de colegios de farmacéuticos, que señalaba lo siguiente":
1. Los medicamentos son un bien social y no un producto de consumo. En ningún caso los pacientes entenderían que su tratamiento dependiera de la puja ganadora en cada momento.
2. El Consejo General denuncia que el informe no estima con ninguna precisión el ahorro económico y extrapola datos de una autonomía concreta al conjunto del Estado.
3. El Consejo General lamenta profundamente que el modelo de subasta propuesto solo atienda a objetivos de ingeniería financiera energética, y no a las necesidades sanitarias reales de los ciudadanos.
4. No existe ningún país europeo en el que se cambie al paciente constantemente su medicamento, hecho que va en contra de la recomendación de la OMS de reducir la falta de adherencia, situada en el 50%.
También hacemos nuestro lo destacado por Farmaindustria a este respecto:
1. Las medidas de ahorro a corto plazo que plantea el documento no tienen en cuenta la reducción que ha experimentado el gasto farmacéutico público en receta (en oficina de farmacia), que ha pasado de representar el 1,13% del PIB y una cuantía de 260 euros per cápita en 2010 al 0,87% del PIB y 228 euros per cápita en 2018. Lejos de subir, el gasto per cápita en España es notablemente inferior al de los países de su entorno: un 32% inferior a la media de países de la Eurozona (datos de 2016). Además, las propias previsiones de la AIReF para 2019-22 muestran un crecimiento del gasto farmacéutico muy reducido (1,4% medio anual) e inferior al crecimiento del PIB nominal (3,8%), por lo que esta partida no amenazaría en ningún caso a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. No se entiende, por tanto, la necesidad de abordar un plan para ahorrar 1.500 millones de euros en 4 años, con medidas de gran calado que el informe además califica como “fáciles de implementar”.
Luis de Palacio aludió a los genéricos y dijo que “el Plan de Acción del Ministerio de Sanidad para fomentar la utilización de genéricos y biosimilares hace abstracción de una realidad: los medicamentos genéricos han progresado en estos últimos años gracias al apoyo recibido por los farmacéuticos y a las mejoras en el margen que han obtenido, tal como ocurre en los Estados de la Unión Europea donde experimentan un mayor progreso. La eliminación o la fuerte reducción de incentivos y las medidas coercitivas para su prescripción o dispensación no son el camino para fomentar el consumo de genéricos”.
Igualmente mostró su pleno respaldo a lo expresado por la AESEG (La Asociación Española de Medicamentos Genéricos) cuando se refiere a “que una subasta nacional de medicamentos como la propuesta por AIReF incrementaría el riesgo de desabastecimientos y perjudicaría el acceso del paciente a sus tratamientos habituales. AESEG considera que la propuesta de AIReF produciría un efecto negativo e inmediato a un sector industrial nacional como es el del medicamento genérico en términos de empleo, inversión y producción.
“Para AESEG, una subasta nacional de medicamentos no es necesaria pues las medidas actuales de Sistema de Precios de Referencia, Precios Menores y Precios más Bajos, ya operan como reguladores y han generado un ahorro de 1.200 millones de euros al Sistema Nacional de Salud en el año 2018”.
Otro testimonio el del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), quiere hacer un llamamiento de cautela a las Administraciones a la hora de tomar en consideración o no dichas conclusiones, amparándose en los efectos devastadores que medidas como esas pueden generar en la I+D y, por consiguiente, en el acceso de los pacientes a medicamentos innovadores.
