La nueva normativa prohíbe expresamente el tratamiento de datos e incorpora novedades como la obligación de contar con la figura de un Delegado en Protección de Datos (DPO) en numerosos casos, el fin de consentimiento tácito y la incorporación de una nueva forma de comunicar los datos, entre otras. También contempla sanciones administrativas, que en determinados casos pueden alcanzar una cuantía equivalente al 4% del volumen de negocio total anual del ejercicio anterior.