El Gobierno alegó entonces que las comunidades autónomas no pueden incidir en la fijación de precios de productos sanitarios, tal y como establece la Constitución en su artículo 149, aunque este recurso llegó después de que la Comunidad de Madrid anunciara su intención de fijar una tasa similar y cuando llevaba casi siete meses aplicándose en Cataluña, con una recaudación de 45,7 millones de euros.
Ahora, las asociaciones de pacientes piden que se devuelva el importe que abonaron los enferemos. Según la Coordinadora de Usuarios de la Sanidad (CUS), la tarjeta sanitaria permite saber qué medicamentos se adquirieron con receta médica expedida por un facultativo de la sanidad pública. Quienes se opusieron, tuvieron que entregar un documento y fotocopia del DNI. El conseller de Presidencia, Francesc Homs, declaraba ayer que en caso de que la Generalitat tenga que devolver el euro por receta, esto supondrá unos 35 euros por persona como máximo.
La Comunidad de Madrid también aprobó el euro por receta, que cobró durante un mes. Fue recurrido y suspendido de forma cautelar. Se alegó que las comunidades no pueden incidir directa o indirectamente en la fijación de precios de productos farmacéuticos.
FV
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