Ante esta situación, varias empresas y patronales han alertado que la industria farmacéutica podría perder hasta 17.000 empleos por estos recortes, es decir, el 8% de la fuerza laboral del sector. Los laboratorios podrían suprimir cerca de 3.000 empleos directos, mientras que el grueso se centraría en el mercado auxiliar, como las oficinas de farmacia y las distribuidoras, que ya se encontraban en una situación financiera muy complicada, según apuntan desde la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar). De hecho, Farmaindustria calcula que los anteriores recortes ya se habían cobrado 20.000 puestos de trabajo y que la industria ha tenido que asumir una caída en la facturación de casi 5.000 millones de euros, es decir, el 30% de sus ingresos.
La reacción de varios laboratorios y multinacionales pasa por plantearse la venta de las plantas españolas o la deslocalización de las plantas de producción, debido, principalmente, a la falta de estabilidad legislativa. Sin embargo, los expertos alertan de que las consecuencias para el sector serán todavía más palpables en el caso de las farmacias por encontrarse en una situación más delicada, ya que ven reducir sus márgenes a la vez que aumenta la deuda de la Administración. Los laboratorios españoles son también de los más perjudicados, por disponer de las patentes más antiguas, aunque los más innovadores tampoco salen reforzados de estos recortes.
Este RDL se basa en un ahorro procedente de la prescripción por principio activo, en lugar de por la marca del medicamento, así como de la priorización del fármaco de menor coste. Otra medida es reducir un 15% el precio de los medicamentos que no tengan un genérico en el mercado, salvo que disponga de una patente aprobada en todos los países de la Unión Europea. Paralelamente, las farmacias de zonas rurales tendrán una ayuda de hasta 10.000 euros anuales para contribuir a su viabilidad. FV
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