Al mismo tiempo, se ha hecho público un estudio llevado a cabo por el Consejo durante la primera quincena de octubre que pone de manifiesto que el 9% de las farmacias catalanas (260 de las 3.067 que hay en Cataluña) viven una situación de viabilidad económica "comprometida". Una consecuencia de las medidas de contención del gasto aplicadas en los últimos dos años y los retrasos de los pagos, agravados desde que la Generalitat anunció en septiembre que pagaría a 80 días de promedio.
Según el informe, 988 oficinas de farmacia no han podido hacer frente a los pagos de sus distribuidores y proveedores, ya sea por devolución de facturas o por aplazamiento de las mismas, lo que asciende a 41,7 millones de euros. Cada mes de retraso por parte de la Administración genera una deuda de 140 millones de euros.
Los recortes ya se han cobrado 1.000 puestos de trabajo, así como la reconversión en auxiliar técnico de farmacia de 600 farmacéuticos adjuntos. De hecho, 40 farmacias han presentado concurso de acreedores porque no pueden hacer frente a los compromisos económicos establecidos con los proveedores. FV
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