Farmaindustria ha denunciado que el Gobierno incumple los compromisos que había adquirido en el último año de que no habría nuevos recortes sobre el sector. El director general de Farmaindustria, Humberto Arnés, ha afirmado que la industria está “consternada porque al impacto de las medidas anunciadas, 2.400 millones de euros, hay que sumar los 2.500 millones de euros de los dos Reales Decretos Ley del año pasado, y sorprendida” porque, en un contexto en el que el gasto farmacéutico decrece más del 10%, no esperaban algunas de las medidas propuestas. Ha añadido que “no se puede exigir más al sector farmacéutico”, porque “esto va a suponer una importante pérdida de empleo, de inversiones en I+D y de confianza”.
Por su parte, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha señalado que, por tercera vez en un año, se aplican medidas de recorte al sector del medicamento dispensado en la farmacia, sin buscar soluciones en otras partidas del gasto sanitario. Ha añadido que el servicio asistencial de las farmacias peligra por la demora en el pago de algunas Comunidades Autónomas, “inasumible para la economía de la farmacia”. El Colegio de Farmacéuticos de Barcelona (COFB) ha considerado que aumentará el número de farmacias con viabilidad económica comprometida, con riesgo de no poder subsistir. El presidente del COFB, Jordi de Dalmases, ha matizado que, actualmente, el 7% de las farmacias catalanas tienen dificultades para continuar desarrollando su actividad. Aunque en Catalunya “la obligatoriedad de la prescripción por principio activo supondrá una importante reducción de la facturación”, es una de las comunidades menos afectadas por la medida. Asimismo, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (MICOF) ha lamentado que la solución “pase por el recorte de las prestaciones sanitarias a los ciudadanos”. La presidenta de esta entidad, María Teresa Guardiola, ha explicado que “el coste de los medicamentos no supone un problema de financiación para el Sistema Nacional de Salud” y ha añadido que “lo que habría que plantearse es si, en lugar de recortar la sanidad, no sería necesario aumentar el porcentaje de PIB que se destina a ella para ponernos al mismo nivel que el resto de Europa”.
Para la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), las medidas no afrontan el grave problema de financiación de las CCAA y se trata de un “ejercicio de irresponsabilidad”. La FEFE ha opinado que “no resuelven el problema de insolvencia económica del SNS” y ponen “en riesgo la prestación sanitaria de todos los ciudadanos”, poniendo “al borde de la quiebra a todo el sector sanitario”. Paralelamente, la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC) ha manifestado que se trata de “medidas cortoplacistas que ponen en serio riesgo la calidad y viabilidad de la prestación farmacéutica y no resuelven problemas estructurales de fondo del SNS”. Asimismo, SEFAC ha considerado que puede repercutir negativamente en la adherencia a los tratamientos y ha calificado de “decepcionante” el hecho de no haberse debatido un aspecto clave como asegurar el pago de recetas a las farmacias. FV
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